Ortega toma el control de los Poderes del Estado en Nicaragua

El dictador Daniel Ortega se autoproclamó jefe de Estado en Nicaragua y sometió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la Asamblea Nacional, al Consejo Supremo Electoral (CSE), la Policía, el Ejército y a los organismos que se encarga de la fiscalización del Estado, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía, bajo su control en la reforma que envió este martes a la Asamblea Nacional.

La iniciativa de Ley que será aprobada en primera legislatura en las próximos días en la Asamblea otorga superpoderes al dictador sandinista con el pretexto de que se trata de una actualización de la Constitución Política de Nicaragua.

Sin embargo, la medida busca legalizar el control de facto que venía ejerciendo Ortega en todos los Poderes del Estado.

"La Presidencia de la República dirige el gobierno y como jefatura de Estado coordina los órganos legislativos, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales en cumplimiento de los intereses supremo del pueblo", indica el artículo 132 de la reforma constitucional.

En noviembre del 2023, Ortega desmanteló a la Corte Suprema de Justicia, desapareció a su presidenta y mantuvo separados del cargo a los magistrados Yadira Centeno y Virgilio Gurdián, supuestamente por formar parte de una trama de  corrupción que incluyó tráfico de propiedades y sentencias. En la barrida, despidió a jueces, y funcionarios administrativos en todo el país.

En el caso de la Asamblea Nacional sometió a los diputados de las diferentes agrupaciones, arrestó y mantiene en condición de desaparecido al diputado de Yatama, Brooklin Rivera y a su suplente Nancy Elizabeth Henríquez.

El dictador también ordenó la inhibición del presidente de la Asamblea Nacional, los magistrados de los Poderes del Estado, los ministros y viceministros, Contralores, Fiscal General y su adjunto, a ostentar a los cargos de Co-Presidentes, a menos que hayan renunciado seis meses antes de las elecciones.

La nueva carta magna establece que los magistrados saldrán del seno del Frente Sandinista, porque queda consignado que solo el dictador y los diputados podrán proponer a los candidatos para esos cargos.

En relación a la automonía de cada uno de los Poderes, la reforma enviada por Ortega establece que los poderes del Estado son independientes entre sí y solo deben obediencia a la Constitución, misma que señala que el que coordina es el jefe de Estado.

Magistrados por seis años

El dictador también amplió a seis años el periodos de nombramiento de los magistrados del Poder Judicial, quienes serán elegidos por la Asamblea Nacional a petición de Ortega o de los diputados.

Asmismo, redujo de 16 a 9 el número de magistrados judiciales, y en el funcionamiento interno, tanto el presidente de la CSJ como los presidentes de Sala gozará del cargo por tres años.

De la misma forma, redujo de siete a cinco los magistrados del CSE quienes también permanecerán en el cargo durante seis años. La presidencia de ese Poder del Estado tendrá un periodo de tres años.

En el caso de la Contraloría General de la República, redujo el número de contralores a tres y la vigencia de sus nombramientos por seis años. Hasta antes de este reforma, en la CGR habían cinco contralores.

Entre los artículos que fueron derogados están el 20, que establece que ningún nicaragüense puede perder la nacionalidad; el artículo 34 sobre las garantías procesales; 35, relativo al juzgamiento de menores; 36 torturas en las cárceles, y 37, en la que las penas no podrían ser mayores a 30 años de cárceles.

Ortega también pidió eliminar el artículo 38, relativo a la no retroactividad de la Ley, es decir, que a partir de ahora el régimen podrá aplicar cualquier ley a los reos, sin importar que les perjudique.